El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, respondió con firmeza al reclamo de su par riojano, Ricardo Quintela, quien anunció una ofensiva judicial para reclamar participación en la mina Josemaría, ubicada en Iglesia. Se trata de uno de los proyectos mineros más importantes del país, desarrollado íntegramente bajo jurisdicción sanjuanina.
Orrego recordó que el límite entre ambas provincias fue establecido mediante un convenio histórico firmado hace décadas y ratificado por el Congreso Nacional. “No hay discusión posible: Josemaría pertenece a San Juan”, expresó el mandatario, subrayando la plena validez jurídica de ese acuerdo.
Desde La Rioja, Quintela insiste en “recuperar límites históricos”, pero incluso el exsecretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, advirtió que esa postura “altera el orden jurídico minero”, ya que la obra fue planificada, gestionada y financiada por San Juan.
Más allá del conflicto político, la situación pone en evidencia una realidad: cuando hay seguridad jurídica y políticas serias, la inversión minera llega y genera desarrollo. San Juan logró consolidar una minería moderna, controlada y con beneficios concretos para su población.
La minería en la provincia genera miles de empleos directos e indirectos, infraestructura, educación técnica y oportunidades para proveedores locales. Josemaría es hoy un símbolo de esa visión: inversión, empleo y crecimiento sostenible.
Según datos oficiales, San Juan exportó en 2025 más de US$ 1.325 millones en productos mineros, lo que representa cerca del 31% de las exportaciones nacionales del sector. Además, aporta el 9% del Producto Bruto Geográfico provincial y genera más de 4.800 empleos directos.
Mientras San Juan consolida su matriz productiva diversificada, La Rioja continúa dependiendo del empleo público y de fondos nacionales. La diferencia no es geográfica, sino de gestión: San Juan planifica, invierte y produce.